El Tribunal Constitucional ha claro que esa situación de extraordinaria y urgente falta puede deducirse «de una pluralidad de instrumentos», entre ellos, los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma» (STC 6/1983, de 4 de febrero).

Por su parte, mediante el Existente Decreto-calidad 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista, se adoptó un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista.

A su oportunidad, el capítulo IV se ocupa de las ayudas para el fomento y mejora en la oferta de servicios de transporte colectivo terreno de pasajeros. Esta itinerario de ayudas se presenta como novedosa y entronca con los fundamentos pero puestos de manifiesto, mediante la modificación del paradigma coetáneo que viene poniendo el foco fundamental en la universalidad en el descuento de las tarifas para que, a través de la mejora de la oferta de los servicios de transporte, se incida en mayor medida sobre la alternativa modal en los desplazamientos, mediante un trasvase del uso del vehículo privado en torno a el transporte público.

Que la Clase 2365 de 2024 en su artículo 14 señala que las personas empleadoras o contratantes deberán tomar las medidas conducentes para certificar la continuidad de la víctima denunciante de acoso sexual en el contexto gremial y que la terminación parcial del contrato de trabajo o la destitución de la víctima de acoso sexual que haya puesto los hechos en conocimiento del empleador o contratante en los términos descritos en los artículos 15 y 17 de la misma Ley, carecerá de todo finalidad cuando se profieran Interiormente de los seis (6) meses siguientes a la petición, queja o denuncia.

Más allá de ese «régimen constitucional» el campo normativo de los Decretos-leyes se corresponde con la competencia legislativa del Estado, no existe obstáculo constitucional alguno para que el Decreto-ley, en el ámbito de la competencia legislativa que corresponde al Estado pueda regular materias en las que una Comunidad Autónoma tenga competencias, pero en las que incida una competencia legislativa del Estado, siempre que esa regulación no tenga como fin atribuir competencias o delimitar positivamente la esfera de competencias de las Comunidades Autónomas.

5. Acreditada la situación de vulnerabilidad de la persona que habite en la vivienda y ponderadas por el Magistrado todas las demás circunstancias concurrentes, este dictará auto acordando, en su caso, la suspensión por el tiempo que reste hasta el 31 de diciembre de 2025.

La disposición final tercera resolución 0312 de 2019 ministerio del trabajo tiene por objeto ampliar el plazo de solicitud de ayudas a las Corporaciones Locales, a cuatro meses desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Vivo Decreto-condición 6/2024, de 5 de noviembre.

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Cambios en la normatividad: La normatividad en Colombia cambia constantemente, por lo que es importante poner al día la matriz lícito para reflejar estos cambios.

1. Las actuaciones que se subvencionan son la adquisición de ciclos de pedaleo asistido y bicicletas de mano híbridas o eléctricas para sillas de ruedas, en el caso de personas físicas, y de ciclos de carga de pedaleo asistido en el caso de personas jurídicas.

Que igualmente señala el citado artículo que los derechos por renovación en el caso de las personas naturales serán establecidos en función del monto de los activos o de los ingresos del crecimiento de su actividad comercial.

Disposiciones relativas al transporte colectivo urbano e interurbano competencia de las comunidades autónomas y de entidades locales

Las ayudas van dirigidas a la reducción de precios de los siguientes títulos de transporte colectivo terrenal:

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